El Municipio de Granada ha empezado los trámites para devolver la legalidad urbanística al Cerro de San Miguel y para recobrar el carácter de zona verde de empleo público, tal como establece el PGOU actual. Por el momento, conforme ha explicado el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández la capital de España, se ha adoptado la resolución de abrir expedientes sancionadores por actuaciones ilegales en 13 grutas.
Así, el edil ha explicado que desde la dirección de licencias del Municipio se han detectado obras ilegales de muy, muy diferente temática, “que van desde intervenciones en la cubierta, donde han puesto tejas, a construcciones adosadas como porches o bien pérgolas o bien a la privatización de espacio públicos, puesto que han cambiado el trazado de los caminos naturales para transformarlos en terrazas privadas”, conforme ha enumerado Fernández la villa de Madrid. El montante de las sanciones puede llegar a los sesenta y tres euros.
Tras rememorar que el equipo de Gobierno viene trabajando con el pacto de todos y cada uno de los conjuntos políticos y de los vecinos, a fin de que se recupere la normalidad y la legalidad en el Cerro de San Miguel “que ahora reluce por su ausencia”, el concejal de Urbanismo ha explicado que los responsables de las actuaciones ilegales “que conforme nuestra ordenanza son muy graves” tienen un par de meses “para restaurar la legalidad y si no lo hacen, empezaremos con las sanciones, en tanto que tanto la normativa autonómica como la municipal son muy claras”.
Fernández la capital española se ha referido a los informes efectuados por los técnicos del Municipio, concretamente el elaborado por la geóloga de Urbanismo, donde se apunta que el cerro está constituido por un terreno arcilloso que está en incesante movimiento, con lo que no se dan las condiciones de de habitabilidad y seguridad.
Bajo esta premisa, el próximo paso que dará el Municipio va a ser la inspección de todas y cada una de las grutas, muchas de las que carecen de la seguridad estructural para se habitadas, “y avanzaremos en el expediente para finalizar solicitando al juzgado el permiso de desalojo de quien esté ocupando una gruta ilegalmente”, ha añadido el edil. Como un ejemplo, Fernández la capital española ha explicado que la actuación de la Policía Local en la zona ha detectado que solo siete de las sesenta y cuatro grutas situadas en terreno público “tienen escrituras pasadas por el registro, y el resto son de titularidad municipal”.
El edil ha insistido en que la actuación del Municipio se genera tras el pacto entre todos y cada uno de los conjuntos políticos como con las asociaciones de vecinos de Albaicín y el Sacromonte. De esta manera, tras una asamblea que tuvo lugar en el mes de junio del año dos mil dieciseis, ha dicho, se decidió actuar de manera conjunta desde las áreas de Movilidad, por medio de la Policía Local, Urbanismo y Derechos Sociales, para atender aquellas familias que se encontrasen en situación de exclusión social o bien de marginación.
“Pero lo que no podemos permitir es que, en un espacio público, que ha de ser para el disfrute de la ciudadanía, tengamos un núcleo de población que se ha asentado allá de modo ilegal, sin tener ningún título de propiedad, sin solicitar licencia y sin cumplir ninguna de las reglas urbanísticas que se le demandan a cualquier ciudadano”, ha añadido el edil.
Otra de las premisas de la actuación municipal es la de no reiterar exactamente los mismos fallos que el Municipio cometió en el año dos mil trece cuando, “se hizo un desalojo que duró poco más de una mañana”, ha recordado Fernández la capital española. “Por eso ahora sabemos que no es suficiente con tener la autorización judicial para hacer el desalojo, sino el Municipio debe tener la capacidad económica, no solo para derribar estas grutas, sino más bien para transformar esta zona en espacio verde, con todas y cada una de las condiciones y la infraestructura que debe tener un parque. Por suerte tenemos los fondos EDUSI que se podrían destinar a esto para tener garantizada la financiación”, ha concluido.
