El Municipio de Granada y la Junta de Andalucía han acordado el día de hoy afianzar mecanismos de cooperación en la inspección que desarrolla la Consejería de Turismo, con la intención de atajar la problemática de las residencias turísticas ilegales. Esta actuación traería consigo sanciones de hasta ciento cincuenta euros.
El pacto se ha adoptado unánimemente a lo largo de la asamblea de trabajo convocada por el regidor, Francisco Cuenca, que se ha desarrollado el día de hoy en el Municipio y en la que asimismo han participado el presidente de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret; Guillermo Quero como encargado de Turismo de la Junta de Andalucía y los titulares de concejalías de Urbanismo y Turismo.
Todas las partes han manifestado que no se trata de criminalizar a absolutamente nadie, sino más bien de poner coto a aquellos que no desean cumplir la ley y que, además de esto, hacen una competencia infiel y también ilegal a quienes sí pagan sus impuestos y trabajan por el bien del turismo y por su influencia en la urbe.
El ayuntamiento de Granada, conforme los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, cuenta con un total de once mil ciento cincuenta y uno alojamientos turísticos anotados en el Registro Autonómico, lo que supone el cuarenta por ciento del total de la provincia. De esos alojamientos se desprende que el total de camas que ofertan está sobre las cinco mil.
Para Cuenca “lo esencial es poder saber qué oferta hay alén de esas cinco mil camas y por este motivo el día de hoy les hemos ofrecido a las partes reunidas, tanto nuestra fidelidad en el trabajo de detección de la oferta furtiva, apoyando en la medida de nuestras posibilidades la labor inspectora de la Junta en este sentido, como nuestra voluntad de abordar una regulación jurídica complementaria en este tema, exactamente ahora que estamos a tiempo”.
Todos los asistentes han coincidido en que el discute sobre este modelo turístico es considerablemente más profundo y excede el campo municipal y autonómico, con lo que han demandado al Gobierno de España que concrete un marco jurídico unitario para todas y cada una de las comunidades autónomas.
