La Oficina Social de la Residencia del Municipio de Granada ha logrado que las cuatrocientos treinta y ocho familias que durante dos mil diecisiete han requerido su intervención frente al peligro de padecer el desalojo de su residencia consigan una vivienda frecuente.
La concejal de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad en el Municipio de Granada, Jemi Sánchez, ha presentado el día de hoy el cómputo de la administración de este servicio municipal que atendió el año pasado a cuatrocientos treinta y ocho familias, un veintiseis por ciento menos que en dos mil dieciseis, una “leve reducción” producida, conforme ha anunciado, por la entrada en vigor de la Ley Hipotecaría de dos mil diecisiete.
Del total de casos atendidos, el veinticinco por ciento corresponde a procedimientos de desahucios por ejecución hipotecaria, muy bajo el cuarenta y cinco por ciento que se registró en dos mil dieciseis, aunque el Municipio de Granada ha logrado una solución a las ciento diez familias perjudicadas por esta situación, gracias, tal como ha reconocido Sánchez Iborra, a la cooperación y administración “impecable” de los profesionales municipales co los juzgados y las entidades.
La concejal ha puesto el acento en el aumento “importante” de familias conminadas con un proceso de desahucio por impago del alquiler, en concreto suponen, con un cincuenta y cinco por ciento, más de la mitad de las personas perjudicadas por este inconveniente Un cinco por ciento de los casos tratados ha sido por procedimientos penales abiertos por delito de usurpación; un diecinueve por ciento corresponde a grandes contrariedades en el pago de la renta del alquiler o bien hipoteca, y un 1 por ciento pertenece a procedimientos de desahucios por finalización en precario.
Asimismo, el Municipio de Granada ha conseguido, por medio de la cooperación con organismos autónomos y provinciales como la Agencia de Rehabilitación de Residencias de Granada (AVRA) y la compañía de residencia de la Diputación Provincial de Granada , VISOGSA, facilitar a veinte familias el acceso a una residencia pública en régimen de arrendamiento.
Concretamente, ha citado el acceso de dieciseis familias a una residencia pública en régimen de arrendamiento gestionadas por AVRA y otras 4, gestionadas por VISOGSA. Por su parte, a través del Registro Municipal de Demandantes de Residencia, se han adjudicado setenta viviendas protegidas por medio de promotoras públicas.
Las actuaciones efectuadas en materia de adjudicación de residencias se completan con el alojo de quince familias en situación de vulnerabilidad en quince de las dieciocho residencias de titularidad municipal, ubicadas en Santa Adela, y que son gestionadas por el área de Derechos Sociales. Tal como ha anunciado, el resto de residencias municipales se “van a destinar a un nuevo proyecto municipal de residencias transitorias”.
Tras lamentar el alto índice de lanzamientos hipotecarios que todavía se generan en Granada, la concejal ha agradecido el trabajo ordenado que se está generando entre las plataformas, como Stop Desahucios y Red Residencia, y las administraciones públicas, una línea de trabajo que considera “necesaria para asistir a “las personas que padecen estos procesos tan duros”.
Sánchez Iborra ha vuelto a pedir a los perjudicados que “ante la más mínima alarma de impago de alquiler o bien hipoteca, se pongan en contacto con los Servicios Sociales municipales a fin de que de esta manera podamos intervenir de forma preventiva”.
